Becas en investigación en cáncer 2019

 

Con el objetivo de contribuir a la formación y especialización de investigadores de calidad en la especialidad oncológica, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) a través de la Coordinación de Investigación, convoca a estudiantes avanzados, graduados, estudiantes de posgrado y posgraduados recientes para la adjudicación de becas de investigación básica, clínica, epidemiológica, social y en implementación en cáncer, concebidas como un apoyo financiero al becario para que pueda dedicarse durante al menos 20 horas semanales a tareas y actividades de investigación.

 

 

Los proyectos deberán ser presentados por un postulante que esté o quiera insertarse en grupos de investigación en cáncer en: centros asistenciales, universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o cuyo plan esté inserto en las acciones desarrolladas por un Departamento o Área que certifique su actividad científica. El plan de trabajo de investigación en cáncer deberá ser anual, inédito y original.

 

MONTOS

 

La cantidad de becas a otorgarse será de 50 (cincuenta) distribuidas de la siguiente manera:
• 20 becas a estudiantes avanzados -de 18.200 pesos mensuales.
• 18 becas a graduados –de 27.300 pesos mensuales.
• 12 becas a estudiantes de posgrado o posgraduados - de 33.000 pesos mensuales.

 

CRONOGRAMA

 

Fechas estimadas de la convocatoria

Apertura: 1 de abril al 6 de mayo
Revisión administrativa: 7 de mayo al 31 de mayo
Comisión evaluadora externa: 3 de junio al 31 de julio
Comisión evaluadora interna: 1 agosto al 23 de agosto
Comunicación de resultados: 26 de agosto al 2 de septiembre

 

INICIO - FINALIZACION DE BECA

2 de septiembre del 2019 al 31 de agosto del 2020

 

CONSULTAS

investigacion@inc.gob.ar

5239-0575/8108

 

Más información

 

Sujeto a la firma del acto administrativo que así lo aprueba, que se encuentra en trámite

 

Prensa Instituto Nacional del Cáncer - 08/04/2019



Silla de ruedas cautelar

Fallo garantiza a afiliada de obra social la provisión de silla de ruedas motorizada y accesorios complementarios

 

Un fallo le garantiza a la afiliada de una obra social la provisión de una silla de ruedas motorizada y accesorios complementarios. La joven padece de secuelas de poliomielitis.

 

Tomás Ressa

 

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, integrada por los jueces Guillermo Alberto Antelo, Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina, confirmó la sentencia de primera instancia, que ordenaba a ACCORD SALUD a “la provisión de una silla de ruedas motorizada y accesorios complementarios” para J.C.R en razón de su discapacidad (secuelas de poliomielitis); y declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

 

Al confirmar la cautelar dispuesta en autos "“R.J.C. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ amparo de salud” el Tribunal rechazó los agravios de la demanda, que indicó que “la cobertura de la silla de ruedas motorizada no se encuentra incluida dentro de las prestaciones contempladas en el plan médico asistencial (PMA)…ni en el PMO ni en los protocolos de Unión Personal ni figura en la normativa oficial vigente”.

 

 

En su apelación, argumento que “puso a disposición las prestaciones asistenciales en forma concreta y en función de su patología y que la silla de ruedas ofrecida cumple con las necesidades funcionales expresadas por su médica tratante”.

 

Por su parte, los jueces tuvieron en cuenta que “el art. 265 del Código Procesal establece que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del decisorio que el apelante considere equivocadas, no bastando remitirse a presentaciones anteriores”.

 

La demandada “expuso una reproducción prácticamente textual de los argumentos desarrollados en sus anteriores presentaciones sin aportar nuevos fundamentos que permitan modificar lo resuelto en la sentencia que apelada” aseguraron los camaristas

 

En tal sentido, indicaron que “el memorial aludido no reúne mínimamente la condición apuntada, pues disentir con la solución judicial sin fundamentar debidamente su oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no constituye tal acto procesal argumentando vagamente y sin aportar ningún argumento científico”.

 

Además, tras estudiar las constancias obrantes en la causa, advirtieron que la demandada “expuso una reproducción prácticamente textual de los argumentos desarrollados en sus anteriores presentaciones sin aportar nuevos fundamentos que permitan modificar lo resuelto en la sentencia que apelada”, y que “ tampoco logró refutar lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense, quien sostuvo la necesidad de que el actor cuente con la silla de ruedas indicada por el médico que lo asiste”.

 

Por lo expuesto, el tribunal resolvió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia apelada, imponiendo costas a la demandada vencida.

 

FALLO COMPLETO

 

Diario Judicial

 

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Para mejorar las prestaciones en todas las regiones sanitarias de la Provincia

IOMA firmó un convenio con CEPSAL

 

El presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y su par de la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL), Dr. Ricardo Moisés, firmaron este martes un convenio entre ambas organizaciones, con el objetivo de aumentar la cobertura prestacional de la obra social en todas las regiones sanitarias de la Provincia.

 

El acuerdo, que se rubricó en la sede central de IOMA en La Plata, permitirá un mayor control y monitoreo de los procesos prestacionales, ya que contempla un espacio de auditorías compartidas entre ambas instituciones, que a su vez garantizará un proceder más eficaz ante cualquier irregularidad detectada por parte de un prestador.

 

Participaron de la reunión el secretario de CEPSAL, Dr. Mario Lugones, su tesorero, Dr. Eduardo Cardus y directivos de IOMA.

 

La Cámara de Entidades Prestadoras de Salud es una asociación civil sin fines de lucro integrada por instituciones y empresas de salud con representación en todo el país, que presta servicios a más del 60% de los beneficiarios de la seguridad social a través de la mayoría de las obras sociales.

 

La presencia de CEPSAL asegura una mayor representatividad del sector prestador para garantizar niveles de eficiencia organizacional y calidad prestacional en el marco de una política de salud solidaria y equitativa.

 

Comunicación Institucional IOMA


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Libertad en la salud de los abuelos

Obra social deberá garantizar a jubilada el derecho de opción del plan que tuvo durante actividad laboral

 

Tras la resolución judicial, la ObsBA deberá garantizar a una jubilada el libre derecho de opción y la cobertura del plan que tuvo durante su actividad laboral.

 

El Juzgado N°13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Guillermo Scheibler, hizo lugar al amparo de una afiliada y ordenó que se mantenga para ella y su grupo familiar la “cobertura médico asistencial y social de la prestataria OSDE a través de la ObSBA, luego de haber obtenido el beneficio jubilatorio“.

 

Las actuaciones se iniciaron por la presentación de una afiliada contra la Obra Social de la Ciudad De Buenos Aires (ObSBA) con el objeto de mantener “la cobertura médico asistencial y social de la prestataria OSDE a través de la ObSBA, luego de haber obtenido el beneficio jubilatorio”, en las mismas "condiciones en que se le brindaba tal asistencia estando en actividad, todo ello sin limitaciones temporales ni presupuestarias".

 

 

Peticionó, en tal sentido, que se le reconozca el derecho de ejercer la libre opción de la Obra Social, previsto en la Ley 472, y se declare la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley 3021 y concordantes.

 

En cuanto a los antecedentes del caso, la mujer refirió que se desempeñó como empleada del Gobierno porteño y que, en ejercicio del derecho a libre opción de cobertura médica, se encontraba adherida a OSDE a través del convenio suscripto por ésta con ObSBA.

 

Cuando se concretó su pase a situación pasiva “quedó nuevamente incluida en ObSBA", por lo que requirió que se mantuviera, para ella y su grupo familiar, el plan de la empresa de medicina prepaga, con las mismas prestaciones y beneficios que le correspondían como afiliada en actividad remunerada.

 

La petición fue rechazada ya que, según esgrimió la entidad, el convenio existente entre la obra social demandada y OSDE “excluye a los jubilados, pensionados y demás personas que no se encuentren en actividad”.

 

En su respuesta, la demandada sostuvo que el artículo 3 de la Ley 3021 restringe “el derecho de opción de obra social solo a los afiliados activos“. Sin embargo, el juez de grado advirtió sobre la invalidez constitucional de esta limitación y recordó los “diversos pronunciamientos, tanto por la Cámara de Apelaciones del fuero como por el TSJ“ en este sentido.

 

En esta línea, el magistrado declaró la “inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley 3021 y su reglamentación, en cuánto excluye a los jubilados del derecho de opción de obra social“.

 

“La exclusión del derecho de opción de obra social que la demandada ejerce con relación a la actora al negarle los beneficios acordados con OSDE para los afiliados activos, debido –únicamente– a su carácter de jubilada, se traduce en un obrar discriminatorio que vulnera la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación en razón de la edad”, añadió el fallo.

 

En esta línea, el magistrado declaró la “inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley 3021 y su reglamentación, en cuánto excluye a los jubilados del derecho de opción de obra social“.

 

Archivos adjuntos

M., M. S. CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) SOBRE AMPARO - SALUD-OPCION POR LA ELECCION DE OBRAS SOCIALES (c28b38ac-3eaa-4ed1-b03b-2bb2ee5d9118.pdf)

 

Diario Judicial

 

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Salud impulsa la certificación de consentimientos informados para tratamientos de reproducción humana asistida

 

En reuniones con referentes provinciales del sector público destacó la importancia del trámite administrativo que permite la obtención de la partida de nacimiento de los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida.

 

La Secretaría de Gobierno de Salud a través del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida (PNRMA) organizó una serie de encuentros con referentes provinciales del sector público para impulsar la implementación de la certificación de consentimientos informados, un trámite que permite la obtención de la partida de nacimiento de los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida en cada jurisdicción.

 

El objetivo de las jornadas fue contribuir con la formación y actualización de los recursos humanos que trabajan en el sector público, fortaleciendo así su rol en la asistencia a la población en materia de reproducción asistida. En esta línea es que se planificaron estos encuentros virtuales, optimizando los recursos y propiciando un intercambio con los equipos de salud provinciales.

 

 

“Nuestra experiencia como jurisdicción nacional es muy positiva y el trámite es muy sencillo, por lo que es importante compartir nuestros conocimientos con las provincias. Además de brindarles todo el asesoramiento en lo que necesiten, buscamos que comprendan la trascendencia que presenta el tema para las familias de los niños nacidos por reproducción asistida”, expresó Nicolás Neuspiller, coordinador general del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida.

 

El consentimiento informado para un procedimiento de reproducción asistida es la autorización que da el paciente antes del inicio del procedimiento de baja o alta complejidad. Para que el consentimiento sea válido, primero debe recibir por parte de las instituciones la información clara, precisa y adecuada sobre su estado de salud, los objetivos propuestos, los beneficios esperados, los riesgos, molestias y efectos negativos posibles, entre otras cuestiones. Finalmente, el consentimiento informado queda guardado en la historia clínica.

 

Estas acciones forman parte de las estrategias del PNRMA para promover el acceso efectivo e igualitario en todo el territorio tanto a las técnicas y procedimientos como a la información y los requerimientos administrativos que forman parte del proceso de reproducción humana asistida, en resguardo de los derechos de los nacidos mediante la implementación de esta técnica.

 

Participaron de las jornadas, que se desarrollaron durante tres días a través de Telesalud, referentes de las provincias de Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

 

Las charlas fueron desarrolladas por Carolina Moyano Vargas, Coordinadora del Área Legal del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida junto a las integrantes del equipo técnico Anabel Benavidez, Florencia Carril, María Micelotta y María Luz Petracca.

 

A partir de la Resolución 616-E/2017, que contiene los textos de los consentimientos informados para tratamientos de reproducción humana asistida, la Secretaría de Salud entregó más de 1000 certificados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Prensa Secretaría de Salud de la Nación - 09/04/2019


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La cobertura de salud no sabe de divorcios

Obligan a obra social a incluir a la hija de una beneficiaria divorciada

 

Un juzgado correntino ordenó a una obra social a incluir a la hija de una beneficiaria divorciada mediante sentencia judicial.

 

El Juzgado Laboral N° 2 de la ciudad de Corrientes hizo lugar a la demanda interpuesta por una mujer y ordenó al Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCor) que incluya la su hija como beneficiaria, extendiéndole la cobertura de su servicio.

 

La demandante se desempeña como médica en un Hospital Público del interior de Corrientes, se encuentra divorciada del padre por resolución judicial, y tiene a su niña de 7 años a cargo.

 

La sentencia sostiene que la falta de cobertura social de la niña implicaría una vulneración a la integridad de sus garantías constitucionales consagradas en la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña.

 

El titular del juzgado, Héctor Rodrigo Orrantía, rechazó los argumentos de la obra social demandada que se opuso al recurso y argumentó que "no advertía que la salud e integridad física de la menor se viera comprometida y/o en riesgo encontrándose amparada por la Obra Social de Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) de la cual es titular su padre".

 

En esa línea, Orrantía resaltó que la normativa que citó el IOSCor, Ley Provincial N° 3341, no se condice con la interpretación, ya que sostiene que !revisten la calidad de beneficiarios del Servicio de Obra Social el afiliado titular y su grupo familiar primario, entendiéndose por tal el que se compone de los menores a cargo del afiliado por resolución judicial competente con el límite de edad del inciso c), que son los hijos menores de 21 años no emancipados y los que habiendo cumplido la mayoría de edad integren el grupo familiar permanenciendo solteros y acreditando cursa en forma regular estudio de cualquier nivel hasta los 27 años".

 

Finalmente, teniendo en cuenta la sentencia de divorcio y "habiéndose acordado la tenencia de la menor a cargo de su madre y no teniendo afiliación activa conforme surge del informe del INSSSEP", el juez entendió que correspondía receptar la pretensión.

 

La sentencia sostiene que la falta de cobertura social de la niña implicaría una vulneración a la integridad de sus garantías constitucionales consagradas en la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña.

 

Diario Judicial

 

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