Las postas del SAME en rutas a la Costa atienden más de 300 consultas diarias

 

Esta mañana las recorrió el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi. Son ocho unidades con médicos y enfermeros ubicadas estratégicamente a la vera de las rutas 36, 2, 11, 74 y 56.

 

Las postas del SAME que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires instaló en las principales rutas con destino a distritos de la Costa Atlántica atienden, en lo que va del mes, más de 300 consultas diarias. La mayoría por controles de presión arterial, glucemia, insolaciones, desmayos o traumatismos por incidentes viales.

 

 

Tras recorrerlas, el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi explicó esta mañana que cada una de las postas cuenta con un médico y una enfermera, además de medicación, camilla y tubos de oxígeno para una atención inicial o de baja complejidad. Pero además, están preparadas para efectuar derivaciones a centros de mayor complejidad.

 

En total, son ocho las postas de SAME y se las encuentra distribuidas del siguiente modo: sobre ruta 2 en el peaje de Samborombón (Km. 90), en Dolores (Km. 203) y en Maipú (Km. 273), mientras que en la ruta 36 su ubica a la altura de Pipinas (Km. 115). En tanto en la ruta 11 se instalaron en General Conesa (La Huella, en el km. 240) y Santa Teresita (Km. 327) y en Cariló en el kilómetro 400. A su vez se instaló una posta en la rotonda de General Madariaga, en el cruce de las rutas 74 y 56.

 

"Esta cobertura es una forma más de presencia del Estado donde más se lo necesita. Tiene que ver directamente con lo que nos pide la Gobernadora: estar cerca del vecino, en este caso el usuario vial, en una época del año clave por el inmenso caudal turístico que se moviliza dentro de nuestra Provincia", dijo el ministro Andrés Scarsi.

 

 

Las postas del SAME, que coordinan su actividad con AUBASA, son un centro de orientación y atención ante emergencias, donde se puede consultar por patologías de baja complejidad, con posibilidad de tratamiento o traslado a partir del diagnóstico inicial. También constituyen una base estratégica de despliegue de recursos sanitarios ante eventuales incidentes en las rutas más transitadas durante el verano.

 

A principios de esta semana, por ejemplo, en la posta ubicada en Dolores, “se trasladó en helicóptero sanitario a un bebé de dos meses con una cardiopatía hacia el hospital provincial Sor María Ludovica de La Plata”, explicó el médico Marcelo Perich, integante del equipo.

 

Prensa Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires - 09/01/2019


Boletín Oficial: Ediciones anteriores - ANMAT: Comunicados anteriores



Cambiemos empuja aval rápido de títulos venezolanos para ocupar trabajo estatal

 

"Está lleno de dependencias en el interior que tienen demanda de profesionales que nunca son cubiertas", señaló el diputado del PRO Fernando Iglesias, quien impulsa el proyecto con firmas de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

 

Por Mariano Casal

 

Diputados de Cambiemos comandados por Fernando Iglesias (PRO) presentaron un proyecto para apurar el aval de títulos universitarios venezolanos y activar una habilitación provisoria por cinco años para ocupar puestos en dependencias estatales, ante la falta de respuestas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro para con migrantes y exiliados que quieren convalidar sus estudios en la Argentina.

 

La iniciativa deja en claro, en su quinto artículo, que “la habilitación profesional prevista por la presente ley tendrá una duración de cinco años a partir del momento de su otorgamiento, será renovable una vez concluido dicho período en el caso de continuar vigente este régimen especial, y limitará el ejercicio de la profesión al ámbito de los organismos públicos descentralizados y las administraciones nacional, provinciales y municipales con domicilio real laboral en el territorio de la República Argentina; con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios del AMBA y las ciudades de La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Santa Fe”.

 

 

Fernando Iglesias, Lucía Lehmann y Fabio Quetglas

 

“Está lleno de dependencias estatales, municipales y provinciales en el Interior que tienen demanda de profesionales y que nunca son cubiertas porque los argentinos tenemos este hábito de ocupar casi toda la población alrededor del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, pero el resto del país es un desierto”, señaló Iglesias a Ámbito Financiero.

 

Según explicó el legislador macrista, “es una lástima que haya muchos profesionales venezolanos capacitados que podrían cubrir lugares que los argentinos en este momento no están tomando y no pueden hacerlo por un problema de los títulos habilitantes”.

 

En esa línea, Iglesias detalló: “Necesitan un sellado que sólo Venezuela puede realizar y no realiza con migrantes y exiliados, entonces lo que se propone es eliminar ese trámite, tomar como buenos los certificados que presenten, sin necesidad del famoso sello de La Haya y habilitar por cinco años a esas personas para que puedan trabajar en el ámbito del Estado y fuera de las grandes ciudades”.

 

Habilitación provisoria

 

La habilitación provisoria y condicionada comprende a los títulos universitarios de “la medicina, odontología y demás actividades profesionales vinculadas al ámbito sanitario”, “ingeniería y la arquitectura”; “ciencias exactas”; “actividades docentes en todas aquellas disciplinas en las cuales se requieran conocimientos universales, como las ciencias naturales, exactas y biológicas”; y “cualquier otro título docente o universitario cuyo plan de estudio no difiera sustancialmente en sus contenidos respecto de sus equivalentes en la República Argentina, ni requiera un conocimiento especializado vinculado a la residencia en el país”.

 

Para el caso de licenciaturas universitarias, los planes de estudio deben de haber sido de no menos de cinco años de duración, con contenidos acordes a las equivalencias en la Argentina; para tecnicaturas, mismo proceso pero el tiempo baja a tres años.

 

Además, tendrán que “acreditar no menos de dos años de experiencia en el ejercicio de la profesión, o bien haber culminado estudios de postgrado, maestrías, especializaciones o doctorados de duración equivalente -dos años- en el caso de las licenciaturas universitarias, y no menos de tres años de ejercicio profesional en el caso de las tecnicaturas de nivel terciario”. En tanto, “si fuera necesario, cuando sus titulares hayan ejercido su profesión dentro del territorio de la República de Venezuela se presumirán los años de experiencia en el ejercicio en virtud de los años transcurridos desde el de graduación”.

 

“Miles de venezolanos sobreviven en las grandes ciudades argentinas trabajando en ocupaciones muy por debajo de sus capacidades y ocupando puestos de trabajo de baja calificación que obstaculizan el acceso a los mismos por ciudadanos de nuestro país”, se argumentó en el proyecto que firmaron el jefe del PRO en Diputados, Nicolás Massot y su compañera de bloque Cornelia Schmidt Liermann, la legisladora de la Coalición Cívica Lucía Lehmann y los integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) Fabio Quetglas y Facundo Suárez Lastra, entre otros.

 

Ambito - 10/01/2019

 

Nota original


Boletín Oficial: Ediciones anteriores - ANMAT: Comunicados anteriores


www.inversorsalud.com.ar - info@inversorsalud.com.ar

 

 

https://www.facebook.com/carlos.orozco.9480


Ciencia

¿Qué es estar muerto? Un informe científico actualiza el debate

 

¿Debe definirse la muerte en términos estrictamente biológicos? ¿Se debe declarar la muerte sobre la base de una lesión neurológica grave? ¿O la muerte una construcción social que debe definirse de diferentes maneras?

 

Un centro de estudios científicos de Estados Unidos publicó un informe especial en el que se actualiza el debate acerca de qué es exactamente "estar muerto". Allí, se ponen en juego criterios biológicos, neurológicos y de funcionamiento efectivo del cuerpo humano.

 

En el documento, titulado "Definición de muerte: trasplante de órganos y el legado de cincuenta años del Informe de Harvard sobre la muerte cerebral", The Hastings Center intenta ofrecer respuestas a estas preguntas: ¿Debe definirse la muerte en términos estrictamente biológicos, como la incapacidad del cuerpo para mantener el funcionamiento integrado de la respiración, la circulación sanguínea y la actividad neurológica? ¿Se debe declarar la muerte sobre la base de una lesión neurológica grave incluso cuando las funciones biológicas permanecen intactas? ¿O es esencialmente la muerte una construcción social que debe definirse de diferentes maneras?

 

Hasta mediados del siglo XX, la definición de muerte estaba muy clara: una persona era declarada muerta cuando no respondía y no tenía pulso ni respiración espontánea. Dos hechos posteriores provocaron la necesidad de un nuevo concepto de muerte, que plasmó en la definición de muerte cerebral propuesta en el informe de Harvard, publicado en 1968.

 

El primero de esos hechos fue la invención de la ventilación mecánica apoyada en cuidados intensivos, lo que hizo posible mantener la respiración y la circulación sanguínea en el cuerpo de una persona que, de otro modo, habría muerto rápidamente debido a una lesión cerebral que causara la pérdida de esas funciones vitales. El segundo hecho fue el trasplante de órganos, que "generalmente requiere la disponibilidad de órganos 'vivos' de cuerpos considerados 'muertos'".

 

Si bien la determinación legal de la muerte incluye el fallecimiento por criterios neurológicos (el cese completo e irreversible de todas las funciones del cerebro), el concepto de muerte cerebral sigue siendo cuestionado. Y los cuestionamientos se avivaron recientemente por el caso de Jahi McMath, una adolescente afroamericana declarada con muerte cerebral en un hospital de California en 2013 después de complicaciones en una cirugía. Fue declarada muerta por criterios neurológicos, pero continuó teniendo un desarrollo biológico inesperado; Jahi siguió creciendo y desarrollándose a través de la pubertad . Durante casi cuatro años, McMath se mantuvo biológicamente viva, hasta que fue declarada muerta por un paro cardíaco en 2018.

 

En el nuevo informe, tres ensayos exploran las cuestiones médicas, éticas y sociales que plantea el caso y reconsideran la situación de McMath y su familia a la luz de los hallazgos recientes. Además, expertos en Medicina, Bioética y otros campos discuten y debaten otras áreas de continua y nueva controversia.

 

Por ejemplo, el artículo "Una justificación conceptual para la muerte cerebral", de James Bernat, profesor emérito de Medicina y Neurología en la Escuela de Medicina Geisel en Dartmouth (Estados Unidos), sostiene, centrándose en si están muertos los donantes de órganos con muerte cerebral, que la muerte cerebral conduce rápidamente a la desintegración del cuerpo, independientemente del apoyo médico.

 

Pero en el trabajo "La muerte cerebral: una conclusión en busca de una justificación", Alan Shewmon, profesor emérito de Pediatría y Neurología en la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA, analiza varios casos en los que los cuerpos de pacientes declarados con muerte cerebral no "se desintegraron ", aunque se mantuvieron mediante ventilación mecánica y alimentación por sonda.

 

A la vez, un artículo de Ari Joffe, profesor clínico en el departamento de Pediatría de la Universidad de Alberta, sostiene que un subconjunto de donantes de órganos, aquellos cuya muerte se declara cinco minutos después del inicio de la falta de pulso, no están muertos debido a que su condición podría revertirse con intervención médica.

 

Este informe especial, financiado por la Iniciativa Boger para el uso racional de las tecnologías emergentes en el Centro Hastings, se originó a partir de presentaciones realizadas en una conferencia de 2018 en el Centro de Bioética de la Escuela de Medicina de Harvard.

 

Con información de DPA.

 

Clarín - 10/01/2019

 

Nota original

 


Boletín Oficial: Ediciones anteriores - ANMAT: Comunicados anteriores


www.inversorsalud.com.ar - info@inversorsalud.com.ar

 

 

https://www.facebook.com/carlos.orozco.9480


 

El Gobierno garantiza la normal distribución de vacunas contra la fiebre amarilla

 

El Gobierno garantizó la normal distribución de vacunas contra la fiebre amarilla y habilitó nuevos centros de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires frente a la creciente demanda de turistas que viajan en esta temporada de vacaciones a diferentes destinos donde existe posibilidad de infección, informó la Secretaría de Salud de la Nación.

 

La Secretaría recordó la importancia de que la vacuna solo sea recibida por personas que viajen a zonas de riesgo o a países que exijan ese requisito sanitario.

 

Puntualizó, además, que deben aplicársela al menos 10 días antes de la fecha de partida y que una sola dosis resulta suficiente para toda la vida.

 

 

No obstante, aconseja una consulta médica como mínimo cuatro semanas previas al viaje para que el profesional defina la indicación o no de la vacunación.

 

La Secretaría de Salud incorporó a la red de vacunatorios de todo el país los centros Stamboulian, Previvax y Vacunar, donde sólo se deberá abonar el costo de la aplicación, ya que la cartera sanitaria provee los insumos.

 

Para conocer los horarios de atención y los lugares de vacunación disponibles en las distintas jurisdicciones del país se debe ingresar al link https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunatoriosfiebreamarilla

 

En todos los casos, hay que presentar el documento nacional de identidad o el pasaporte, sin excepción.

 

La recomendación para vacunarse está dirigida especialmente a las personas que proyecten viajar a los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.

 

La excepción son algunos estados del nordeste brasileño, pero para el resto del territorio del país vecino continúa vigente la sugerencia.

 

En el sitio https://www.argentina.gob.ar/fiebreamarilla/test figuran los países y zonas de riesgo de contagio.

 

Debido a la situación epidemiológica vigente, a quienes presenten alguna contraindicación de recibir la vacuna se aconseja evitar el viaje a las zonas con circulación viral activa.

Las contraindicaciones se encuentran en el sitio https://www.argentina.gob.ar/fiebreamarilla/vacuna

 

Además, para recibir más información sobre medidas de prevención contra la fiebre amarilla está activa la línea gratuita 0800-222-0651.

 

Prensa Presidencia de la Nación - 09/01/2019


Boletín Oficial: Ediciones anteriores - ANMAT: Comunicados anteriores


www.inversorsalud.com.ar - info@inversorsalud.com.ar

 

 

https://www.facebook.com/carlos.orozco.9480


 

Santa Juana de Arco 3545

Ciudadela - Bs. As.

4653-1889 - info@amta.com.ar

Malestar en las fuerzas armadas y de seguridad por una resolución que amplía derechos de personal transgénero

 

También hay quejas por un decreto que propone modificar la estructura de la ahora unificada obra social militar (IOSFA)

Por Fernando Morales

 

En el Boletín Oficial salió publicada la resolución 12/2019, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad que apunta a que las fuerzas de seguridad y militares brinden asistencia médica al personal trans luego de que "a partir de un relevamiento realizado pudo establecerse que los centros asistenciales del resto de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales carecían de profesionales formados en el campo de la endocrinología transgénero".

 

Esta decisión de la cartera conducida por Patricia Bullrich implica que la Policía Federal deberá suscribir un convenio con las restantes fuerzas de seguridad federales para que los servicios de salud presten atención endocrinológica a aquellos efectivos que lo requieran en virtud de haber manifestado su condición de transgénero.

 

La medida en su artículo uno indica: "Instrúyase al Jefe de la Policía Federal Argentina, para que conjuntamente con el Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina, el Director Nacional de la Gendarmería Nacional, y el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria suscriban un convenio que le permita al personal trans perteneciente a cada una de las Fuerzas a su cargo, acceder al servicio de endocrinología transgénero que presta el Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Complejo Médico Policial Churruca-Visca".

 

Si bien en los considerandos de la resolución se hizo expresa mención a la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de brindar contención sanitaria a sus efectivos y que esa obligación comprende a aquellos que detenten la condición transgénero, en diálogo con Infobae, una fuente de una de estas fuerzas indicó que "tenemos cuestiones más acuciantes a nivel salud y social que aún no han sido atendidas por razones presupuestarias".

 

El malestar por esta resolución impulsada por el Ministerio de Seguridad se sumó a un decreto que propone modificar la estructura de la ahora unificada obra social militar (IOSFA) alterando la composición de su Directorio y colocando el poder de gestión en la figura de un eventual Vicepresidente que sería designado por la cartera que conduce Patricia Bullrich. Si bien desde el organismo militar se desmintió, voceros de la Ministra la confirmaron aunque en un estricto off the reccord.

 

Hasta 1983, la Prefectura Naval Argentina dependía de la Armada y la Gendarmería del Ejército Argentino. Al ser parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, compartían las obras sociales DIBA (para la Armada y Prefectura) e IOSE (para el Ejército y la Gendarmería). Cuando el ex presidente Raúl Alfonsín separó a las instituciones policiales de las fuerzas militares, policías y soldados siguieron utilizando las obras sociales existentes ya que resultaba engorroso crear nuevas. Desde hace unos años el sistema de obras sociales militares se unificó bajo la denominación de IOSFA (Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas) que atiende también a varios miles de miembros de la PNA y GN junto a sus grupos familiares.

 

Así las cosas, desde Seguridad reclaman una mayor representación policial en el directorio de la obra social militar, algo que por ahora no ha de ocurrir según indicaron a Infobae desde el organismo.

 

Infobae - 10/01/2019

 

Nota original


Boletín Oficial: Ediciones anteriores - ANMAT: Comunicados anteriores


www.inversorsalud.com.ar - info@inversorsalud.com.ar

 

 

https://www.facebook.com/carlos.orozco.9480


 

 

 

Centro de Diagnóstico Ecográfico Dr. Canetti

Equipamiento de última generación

 

Link a sitio oficial

Sección en Inversor Salud

 

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS: TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ARTICULACIONES

 

 

Obra social pública: el agujero negro de la gestión Corpacci

 

Órdenes truchas, salvataje millonario con regalías mineras, negocios familiares, alquileres, servicio de vigilancia, becas, etc.

 

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de Catamarca está quebrada y va camino a la privatización. La mayor obra social de la provincia, administrada por el Gobierno, da pérdidas como si todos los afiliados se pudieran enfermar al mismo tiempo. El caso es que cada vez se descuenta más dinero a los empleados, pero se prestan menos servicios: por cada caso se debe recurrir a la Justicia para que intime u obligue a la OSEP a cubrir tratamientos y operaciones. Órdenes truchas, salvataje millonario con regalías mineras, negocios familiares, alquileres, becas, etc. OSEP, el agujero negro de la gestión Corpacci.

 

No dan los números en la OSEP, pero el cuestionado director de la institución, Julio Cabur, no acusa recibo. El tema del plus médico se les fue de las manos e, incluso, inventaron un aporte solidario que les hacen a todos los empleados públicos; pero los afiliados y familiares siguen sin servicio. Por estos días Javier Bellido, un policía de 38 años con cáncer de mandíbula, no puede conseguir la autorización para su respectiva cirugía en Buenos Aires. Silvia Ramírez, esposa de Bellido, trató de “mentiroso” a Cabur y lo responsabilizó de todo lo que le pueda suceder al joven efectivo que estaba internado en el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”. En otro caso, la Corte de Justicia falló contra OSEP y la obligó a cubrir un implante auditivo. La obra social había negado la cobertura argumentando avanzada edad del paciente y otras patologías. Los ejemplos son innumerables. ¿Desidia, cuentas en rojo, mala gestión o es que todo está hecho adrede para que la obra social termine privatizada?

 

El último presupuesto aprobado dejó muchas dudas, pero los legisladores lo aprobaron igual: becas $890.950, publicaciones $353.810, servicio de vigilancia $19.526.725, viandas $2.583.270, alquiler de maquinaria $13.218.155, informática y computación $24.893.980, auditoría $21.384.460, jurídica y multas $1.346.220. Se multiplicó varias veces la cantidad de empleados y se puso a dirigentes políticos bajo categoría de “jefes” sin siquiera tener personal a cargo, entre otras curiosidades que en otra oportunidad abordaremos.

 

La Fiscalía de Estado (Carlos Bertorello) y el Tribunal de Cuentas (Díaz Martínez, contador de Manzur) son parte del problema. La oposición política (FCyS-Cambiemos) no sale de su “zona de confort”. La Justicia, “bien, gracias”. Todavía no se sabe quiénes trucharon las órdenes ni cuál fue el desfalco de la obra social por esa maniobra. Le agregamos que la OSEP está en déficit y pierde 400 millones cada año. La pregunta es: si no se vuelca en servicios para los afiliados, ¿dónde está la plata?

 

Por Juan Carlos Andrada.

 

El Intransigente - 10/01/2019

 

Nota original


Boletín Oficial: Ediciones anteriores - ANMAT: Comunicados anteriores


www.inversorsalud.com.ar - info@inversorsalud.com.ar

 

 

https://www.facebook.com/carlos.orozco.9480