Indemnización por una mala sangre

La paciente era portadora de VIH y de hepatitis C: deben indemnizar a trabajadora de la salud que se pinchó con aguja durante extracción de sangre

 

El Gobierno porteño deberá indemnizar a una trabajadora de la salud que se pinchó con una aguja durante una extracción de sangre. La paciente era portadora de VIH y de hepatitis C.

 

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la responsabilidad del Gobierno porteño por el accidente de trabajo que sufrió una técnica de laboratorio durante una extracción de sangre. Todo ello en los autos “P., G. M. contra GCBA y otros sobre cobro de pesos”.

 

El hecho ocurrió en 2004 durante la extracción de sangre a una paciente, quien realizó un brusco movimiento y le produjo a la demandante una lesión punzante en el dedo pulgar de la mano izquierda. La paciente era portadora de VIH y de hepatitis C.

 

 

Como consecuencia de ello, la trabajadora de la salud debió someterse a tratamientos médicos y psicológicos. Además permaneció con licencia médica hasta septiembre del 2006 y recibió el alta definitiva en septiembre del 2007.

 

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda contra el GCBA. Para así decidir, sostuvo que la “actora efectuaba con habitualidad extracciones de sangre en las salas de internación”, cuando la normativa “únicamente habilita a los técnicos a efectuar este tipo de prácticas en forma excepcional”, y que “en el momento del acaecimiento del hecho dañoso, no había personal médico que ejerciera el control directo sobre el personal técnico”.

 

En cuanto a los daños, el juez de grado entendió que se hallaba acreditada la incapacidad sobreviniente en lo que respecta al daño psíquico –más no en lo referente al daño físico–, el daño moral y gastos psicológicos. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación el GCBA.

 

En este escenario, el Tribunal de Alzada advirtió las precauciones que se deben tomar para evitar que los profesionales que se desenvuelven en el ámbito de la salud “adquieran algún tipo de infección por estar en contacto con los pacientes”.

 

En el caso, los camaristas concluyeron que la responsabilidad del GCBA en la contingencia laboral “deriva del deber de seguridad que aquel tiene a su cargo, el cual abarca los riesgos propios de la actividad en juego”.

 

La jueza Mariana Díaz indicó que el GCBA “debió haber demostrado que proveyó a la actora de los medios ya mencionados para minimizar el riesgo que puede suponer realizar una extracción y manipular elementos corto –punzantes cargados con material del paciente quien, además, como la norma lo indica, debe ser tratado siempre como portador de alguna enfermedad infecciosa”.

 

“Sin embargo, se limitó a invocar de manera genérica y poco precisa que el pinchazo fue producto de la conducta de un tercero por el cual no debe responder, lo cual teniendo en cuenta lo expuesto, no resulta suficiente a los fines de eximir de responsabilidad”, dijo en su voto al cual adhirió el juez Esteban Centanaro.

 

En el caso, los camaristas concluyeron que la responsabilidad del GCBA en la contingencia laboral “deriva del deber de seguridad que aquel tiene a su cargo, el cual abarca los riesgos propios de la actividad en juego”.

 

“En otras palabras, el agente no debe sufrir daños derivados de la prestación del servicio a su cargo. En consecuencia, el demandado debe responder por los perjuicios sufridos por la agente toda vez que fueron causados durante el transcurso de la jornada laboral del accionante, sin que el GCBA haya demostrado la ocurrencia de alguna causal de justificación que pudiera eximirlo de responder en las presentes actuaciones”, finalizó el fallo.

 

Archivos adjuntos

P., G. M. CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE COBRO DE PESOS (38276.pdf)

 

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L. A. G. Y OTROS C/ SANATORIO ALLENDE S.A.- ORDINARIOS- OTROS

Nadie responde por el suicidio del paciente

 

Una demanda interpuesta contra un hospital, por la esposa y los hijos de un paciente, que se suicidó arrojándose por la ventana de la habitación donde se encontraba internado, fue rechazada por un Juzgado de Córdoba

 

En la causa “L. A. G. Y OTROS C/ SANATORIO ALLENDE S.A.- ORDINARIOS- OTROS”, el Juzgado de Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba rechazó una demanda interpuesta por la esposa y los hijos de un paciente, en la que reclamaban a la institución médica una indemnización de $6.769.953,65 por los daños y perjuicios sufridos con motivo del suicidio del mismo, que se arrojó por la ventana de la habitación donde se encontraba internado.

 

 

Los demandantes atribuyeron la responsabilidad del suceso al sanatorio, afirmando que “no cumplió el deber de seguridad, ya que no evitó que un paciente que demostraba una profunda depresión, luego de habérsele extraído un tumor en el sistema nervioso central, se hiciera daño a sí mismo”.

 

La demandada se defendió alegando que la habitación y las instalaciones “cumplían con todas las disposiciones reglamentarias que regulan este tipo de espacios, con guardia médica y enfermería nocturna a cargo del cuidado y control de los pacientes”; que el trágico hecho “desbordó las razonables previsiones de los profesionales tratantes” y que “sólo podía atribuirse a la culpa de la víctima”.

 

Por lo expuesto, determinó que en el caso “no es posible afirmar válidamente que el deceso haya sido producto o consecuencia de un evidente y ostensible proceso patológico del paciente” y que de haberse verificado ello “hubiera incrementado los deberes secundarios de conducta del sanatorio”, con lo cual “el suicidio del paciente fue un acto imposible de prever y –por ello mismo– de evitar por el sanatorio”, con lo que resolvió la ausencia de responsabilidad de la demandada.

 

El titular del Juzgado, Mariano A. Díaz Villasuso, destacó que la parte actora se encontraba amparada por el estatuto del consumidor (art. 42 de la Constitución Nacional, Ley de Defensa del Consumidor n.° 24.240 [LDC], y el Código Civil y Comercial [CCC]), por cuanto el sanatorio demandado revestía la calidad de proveedor de servicios médicos (art. 2, LDC), sobre quien pesaba el “deber de seguridad” que le obligaba a garantizar a los pacientes que se encontraban alojados, que no padecerían perjuicios en su salud o en sus bienes, inclusive por situaciones ajenas al acto médico (responsabilidad objetiva y de resultado).

 

Sin embargo, pese a que quedó acreditado en el caso que la ventana de la habitación donde se alojaba el paciente no presentaba medidas de seguridad, “de modo que permitía su apertura de tal manera que una persona podía arrojarse al vacío a través de ella”, afirmó que “no correspondía hacer responsable al sanatorio”.

 

En ese orden, al analizar la prueba rendida por las partes, el juez advirtió que no se había comprobado “que el paciente padeciera de un cuadro agudo de depresión”; y que, tanto la historia clínica como el testimonio de los profesionales intervinientes, evidenciaban una evolución y adaptación dentro de los límites normales.

 

“Tampoco puede servir como indicio de un grave estado de ánimo el hecho de que el día 15/01/13 se haya rehusado a efectuar rehabilitación, ya que conforme la historia clínica antes y después de esa fecha se mostró colaborativo con el tratamiento de recuperación. Menos aún que la psicóloga haya asentado en la historia clínica que el paciente mostraba una “conducta distimica (…) yque la distimia es un estado de ánimo semejante a la depresión pero presenta sintomatología menos intensa y por un tiempo prolongado” afirmó el titular del Juzgado.

 

A su vez, puntualizó que “no es la misma obligación de seguridad aquélla que asume un hospital o nosocomio ‘común’ (como es el de la demandada) de uno especializado en pacientes psiquiátricos (neuropsiquíatrico)”, ya que “las clínicas especializadas en internación psiquiátrica tienen un deber de seguridad más agudo en razón de su propia especialización, donde este deber comprende también la evitación de daños ejerciendo un adecuado control y prevención”.

 

Por lo expuesto, determinó que en el caso “no es posible afirmar válidamente que el deceso haya sido producto o consecuencia de un evidente y ostensible proceso patológico del paciente” y que de haberse verificado ello “hubiera incrementado los deberes secundarios de conducta del sanatorio”, con lo cual “el suicidio del paciente fue un acto imposible de prever y –por ello mismo– de evitar por el sanatorio”, con lo que resolvió la ausencia de responsabilidad de la demandada.

 

Archivos adjuntos

hospital (Suicidio en hospital. Defensa del consumidos_. Culpa de la victima_. Relacion de causalidad_.pdf)

 

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Los mayores siempre cubiertos

Demandada deberá garantizar cobertura del 100% de los tratamientos oncológicos del paciente

 

La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un afiliado contra el INSSJP, ordenándole a la demandada que le “asegure, garantice y efectivamente provea" con cobertura del 100%,los tratamientos oncológicos del paciente

 

La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el afiliado J.A.I contra el INSSJP, ordenándole a la demandada que le “asegure, garantice y efectivamente provea (…) con cobertura del 100%, los tratamientos oncológicos que le sean prescriptos por sus médicos tratantes”.

 

 

Añadieron que ley 27.360 la República Argentina aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo afirma que “los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez”

 

Según indicó el demandante, cuando su hija se presentó ante el PAMI para formalizar el pedido de cobertura “con las órdenes y demás estudios respaldatorios”, la solicitud le fue denegada y se le requirió más documentación para ser evaluada posteriormente.

 

J.A.I invocó la ley 26.529 en cuanto al “reconocimiento del derecho de los pacientes a elegir y aceptar los procedimientos médicos a los que se deben someter” y solicitó medida cautelar, a la que hizo lugar el juez de grado, que también ordenó al PAMI que “arbitre los medios necesarios para otorgar la cobertura del 100% del tratamiento oncológico de radioterapia prostática por intensidad modulada al que debe someterse el amparista”.

 

Los jueces de la Cámara Federal valoraron que el derecho a la salud, “especialmente cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida”.

 

Añadieron que ley 27.360 la República Argentina aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo afirma que “los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez”

 

“También se halla probado que en el marco del trámite de autorización de la práctica el PAMI le solicitó diversa documentación clínica para su ulterior evaluación. Teniendo en cuenta estos extremos, se adelanta que ninguna de las razones invocadas por el demandado resultan suficientes para revocar la medida cautelar” resolvieron los jueces.

 

Archivos adjuntos

I.J.A. c/ PAMI s/ prestaciones medicas (fallo (7).pdf)

 

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La Defensoría del Pueblo de la Nación pide que se cumpla en tiempo y forma con el Calendario Nacional de Vacunación 2019

 

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó a la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación que arbitre las medidas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma al Calendario Nacional de Vacunación 2019, de conformidad a las pautas establecidas por la ley.

 

A raíz de artículos periodísticos publicados en el mes de enero del corriente año, la Defensoría tomó conocimiento de la presunta falta de vacunas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y Córdoba.

 

Por ello, se requirió a la Secretaría de Salud que informara si se estaba cumpliendo normalmente con el Calendario Nacional de Vacunación 2019, conforme ley Nº 27.491; si había coordinado satisfactoriamente con las jurisdicciones la implementación de las acciones que aseguren el acceso de la población a las vacunas del calendario 2019, indicando las provincias en que se verificaban faltantes, con identificación de dichas vacunas y expresión de las razones que impidieron el cumplimiento del plan de vacunación; si existe un recorte presupuestario en la partida asignada a vacunas, y específicamente, respecto de la TRIPLE BACTERIANA ACELULAR, la ANTIMENINGOCÓCICA y la SABIN.

 

Asimismo, se pidió un informe específico respecto de las provincias en cuestión y la presunta falta de entrega de las siguientes vacunas:

 

· Para Santa Fe, la provisión de ROTAVIRUS, MENINGOCOCO, TRIPLE CELULAR y MENVEO;

· Para Tucumán, si se había realizado entrega del 100% de las dosis necesarias de TRIPLE ACELULAR, de modo que lleguen incluso a los niños de 11 años;

· Para Buenos Aires, si se realizó la adecuada provisión de SABIN, TRIPLE BACTERIANA ACELULAR, ANTIMENINGOCÓCICA y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO;

· Para Córdoba, si se había cumplido con el envío de SABIN, NEUMO23 y MENINGOCOCO;

· Y respecto de Neuquén, especialmente la vacuna del MENINGOCOCO.

 

Por otra parte, se requirieron informes a cada uno de los ministerios de salud de las citadas provincias, tanto respecto del cumplimiento del Plan de Vacunación 2019 en general, como de la provisión de las vacunas que específicamente se señalaron.

 

De las mencionadas provincias, se recibió contestación del Ministerio de Salud de Santa Fe, advirtiendo que luego de reclamos, se han recibido dosis de vacuna para Meningococo, Rotavirus y Varicela; no obstante encontraban “dificultades en la provisión de vacuna VPH para niños de 11 años y, a pesar de haber recibido las dosis de vacuna MENVEO, las mismas no son suficientes como para restituir las dosis de 11 años y contar así con el esquema completo incluido en el calendario nacional de vacunación”.

 

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén respondió haber recibido las vacunas solicitadas “... el 4 de enero del corriente año con menor número de dosis de algunos inmunobiológicos. Algunos de los faltantes, fueron completados el 18 de enero y el 27 de febrero. Las vacunas que llegaron el 27 de febrero implica que durante dos meses, los niños no fueron vacunados: tal es el caso de rotavirus y meningocóccica. ... Las vacunas que quedaron faltando de este trimestre son: Hepatitis A: 800 dosis. Quíntuple: 602. Dtpa: 185. Varicela: 600 dosis. Salk: 400 dosis. Meningococcica conjugada: 3930 dosis. Rotavirus 100 dosis”.

 

La falta de respuesta de los demás ministerios provinciales no implica en modo alguno que pueda tenerse por acreditado el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación 2019.

 

Considerando que la ley Nº 27.491, de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, tiene por objeto regular la implementación de una política pública de control de estas patologías prevenibles por vacunación, declarándola de interés nacional y aprobando el Calendario Nacional de Vacunación y que dicha ley impone a la autoridad de contralor la función de proveer los insumos vinculados con esta política pública, se recomendó a la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación que arbitre las medidas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma al Calendario Nacional de Vacunación 2019.

 

Asimismo, se puso en conocimiento de lo actuado a la Organización Panamericana de la Salud/OMS, con sede en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

 

Prensa Defensoría del Pueblo de la Nación - 12/04/2019



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