Coronavirus: comenzó la tercera etapa de la encuesta de seroprevalencia

 

Prensa Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 12/11/2020

 

El estudio se realiza a través de una muestra probabilística en 2000 viviendas de la Ciudad, las cuales ya fueron seleccionadas. Se llevará a cabo hasta el 30 de enero del año que viene.

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la tercera etapa de la Encuesta de Seroprevalencia COVID-19 (ESECO203), realizada en conjunto entre el Ministerio de Salud y la Dirección General de Estadística y Censos, con el objetivo de conocer el estado inmunológico de la población de la Ciudad.

 

El estudio se realiza a través de una muestra probabilística de 2000 viviendas, las cuales ya fueron seleccionadas y a las cuales ya les llegó la carta de notificación sobre la encuesta.

 

La encuesta comenzó el pasado 9 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de enero. Un equipo integrado por un encuestador y personal de la Salud se presentará en cada una de las viviendas seleccionadas, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 21.30 horas.

 

La persona seleccionada para el estudio deberá ser mayor de 18 años y residente en la vivienda. En primer lugar, deberá firmar un consentimiento y luego se procederá a hacerle una extracción de sangre mediante punción de dedo, para determinar la presencia de anticuerpos, considerando edad, sexo y factores de riesgo.

 

En caso de que el testeo sea positivo, se invitará a la persona a realizarse un hisopado.

 

La persona seleccionada para el estudio deberá ser mayor de 18 años y residente en la vivienda

 

Si bien la participación no es obligatoria, es importante resaltar que esta encuesta es la mejor manera de conocer la dimensión real del virus en la Ciudad, ya que la información obtenida será un insumo para tomar políticas públicas en relación a la salud.

 

Para mayor información o para consultar la identidad del encuestador, los vecinos podrán comunicarse de lunes a viernes a los teléfonos 4032-9195, 4032-9145/9146/9147, y durante sábados y domingos al 4032-9122/9123.

 

También podrán realizar consultas por medio de los siguientes canales:

 

WhatsApp: +54 9 11 7024-3358

Mail: seroprevalencia@estadisticaciudad.gob.ar

Web: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=110759



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Rechazaron recurso de amparo interpuesto por OSDE

Ordenan que obra social cubra tratamiento a pareja de mujeres que buscan ser madres en Entre Ríos

 

La Justicia entrerriana resolvió que una obra social deberá cubrir "en forma urgente, integral y gratuita" la totalidad de un tratamiento de reproducción asistida por el método de recepción de ovocitos (ROPA), para una pareja de mujeres de esa provincia, informaron hoy fuentes judiciales.

 

Los jueces Susana Medina, Bernardo Salduna y Emilio Castrillon fallaron ayer a favor de las mujeres, que habían tenido sentencia favorable en primera instancia, y rechazaron el recurso de amparo interpuesto por OSDE, explicaron las fuentes.

 

Además, la obra social deberá hacerse cargo de la medicación prescripta por los médicos para ambas mujeres, que tiene 31 y 36 años.

 

Según las fuentes, la pareja comenzó el proceso judicial luego de buscar constituir una familia y que la obra social rechazara la realización del método ROPA, recomendado por los especialistas en fecundación asistida.

 

El método permite a una pareja igualitaria optar por una "maternidad compartida" ya que participan ambas activamente de todo el proceso, aportando en la medida de sus posibilidades la mayor carga genética y emocional posible.

 

A través del mismo, se extraen los óvulos de una de las mujeres, se fecundan con espermatozoides de un donante y se implanta el embrión en el útero de la otra mujer.

 

Con estos datos, la jueza Medina explicó en sus considerandos que la obra social debía cumplir con la cobertura del tratamiento y basó su fundamento en el decreto presidencial 956 de 2013, que reglamentó la ley 26.862, que busca garantizar el acceso integral a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.

 

"La organización familiar basada en parejas del mismo sexo o personas solas, cuenta con reconocimiento y protección convencional a la luz del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derecho Humanos", dijo Medina.

 

En tanto, el juez Salduna acompañó el argumento y recordó el artículo 17 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que considera a la familia como "elemento natural y fundamental de la sociedad y que debe ser protegida por el Estado".

 

"El derecho a formar una familia es de raigambre constitucional y convencional, debiendo ser garantizado legalmente como un derecho humano", agregó Castrillón, el tercer Magistrado que opinó en el fallo.

 

Y mencionó fallos anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile, Argentina y Costa Rica, que "cimentaron los precedentes necesarios para que la norma siga detrás de las evolución de las relaciones humanas y los derechos que derivan".

 

Por ello, el acceso a la reproducción humana asistida "debe estar garantizada legalmente y define esencialmente un derecho humano medular en la materia" ya que "existe el derecho a procrear, no podemos propender a un derecho cuya finalidad sea no procrear".

 

Finalmente, el fallo puntualizó que la evolución de la realidad social familiar "privilegia la razón teleológica en cuanto al concepto de familia, su integración y fortalecimiento en el plano de la salud integral, volitivo y psicológico".

 

Télam - 12/11/2020



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Diputados aprobó integrar al Programa Médico Obligatorio la asistencia integral por violencia de género

 

La iniciativa fue sancionada con el apoyo 210 votos del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el interbloque Unidad para el Desarrollo Federal y el Movimiento Popular Neuquino.

 

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales, prepagas y mutuales provinciales, la asistencia integral de los tratamientos para las victimas de violencia de género.

 

La iniciativa de la diputada de Córdoba Federal, Alejandra Vigo, fue sancionada con el apoyo 210 votos del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el interbloque Unidad para el Desarrollo Federal y el Movimiento Popular Neuquino.

 

 

Massa, durante la sesión

 

Solo votó en contra el diputado neuquino del Pro Francisco Sánchez y se abstuvo la legisladora del Pro Graciela Ocaña.

 

El proyecto obliga a las obras sociales y mutuales provinciales brindar la cobertura total de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia de género.

 

También se incluye a las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.

 

La diputada Alejandra Vigo dijo que "nos estamos ocupando de los problemas reales de las mujeres" ya que "la violencia no distingue clases sociales, por lo cual es necesario el abordaje integral desde el sistema sanitario".

 

"Vengo realmente con la conciencia muy tranquila porque nos estamos ocupando de los problemas reales de las mujeres, de muchas mujeres", agregó

 

Señaló que "la incorporación del conjunto de prestaciones preventivas y asistenciales asociadas a la violencia de género al Programa Médico Obligatorio (PMO) cumple con garantizar un abordaje integral, pero sobre todo refuerza la fase preventiva y garantiza acceso universal a la asistencia de forma democrática y equitativa", agregó.

 

El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos) dijo que siempre "somos muy cuidadosos en la comisión de Salud cuando tenemos que incorporar una prestación al Programa Médico Obligatorio".

 

Agregó que "hoy estamos pasando la primera ola de la pandemia por eso hay que agradecer al Gobierno cómo ha sostenido el sistema de salud. Hoy hemos priorizada esta emergencia dentro de la pandemia que es la violencia de género".

 

El proyecto determina que las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en la presente ley, deberán "articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas"

 

Otro punto del proyecto es que se obligan a brindar esta cobertura como prestación obligatoria a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga (Ley 26.682), el Pami y el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

 

Télam - 12/11/2020



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